La administración de Donald Trump ha adoptado una postura dura contra la inmigración, implementando medidas restringiendo tanto la entrada de inmigrantes como su permanencia en el país. Esta administración está creando una oleada de nuevas pólizas a través de órdenes ejecutivas que generan confusión y pavor en las inmigrantes, sus familias y organizaciones que pelean por los derechos de inmigrantes. Esta fomentación de miedo hace que las familias se pregunten si es seguro ir a trabajar, que sus hijos asistan a la escuela, o hasta si pueden adquirir ayuda médica. Trump ha autorizado la entrada a escuelas e iglesias a ICE, revocando una directiva que prohibía a que autoridades federales realizen arrestos y redadas de inmigracion en estas áreas “sensitivas”.
La deportación masiva de millones de inmigrantes en los Estados Unidos, la cual es la meta de la administración de Trump, tendría una variedad de impactos en el país en relación a la economía, el presupuesto nacional y las familias que estén afectadas. Se estima que el costo de detener, procesar y deportar a los 13,3 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, a la tasa de un millón deportaciones cada año, sería $96.9 mil millones de dólares, o $88 mil millones al año a lo largo de casi once años. Además, para poder cumplir esta meta se requeriría entre 220.000 y 409.000 nuevos empleados del gobierno y agentes de policía.
Encima de un aumento del gasto gubernamental, esta acción propuesta tendría un gran efecto en el mercado laboral. Casi 90 por ciento de los inmigrantes indocumentados están en edad de trabajar, en comparación con un 61,3 por ciento de la población nacida en los EE.UU. Entre todas las industrias más comunes en las que estos inmigrantes indocumentados trabajan, la construcción, la hostelería y la agricultura serían las más afectadas, perdiendo hasta el treinta por ciento de sus trabajadores. La pérdida de este segmento del mercado laboral también resultaría en menos contribuciones a programas del gobierno como Social Security y Medicare y una disminución de contribuciones fiscales a los gobiernos locales y estatales.
Hay alrededor de cuatro millones de familias con estatus legal mixto en los EE.UU., los cuales enfrentan la posibilidad de separación por una deportación de gran escala como propuesto por la nueva administración. Aparte de los efectos psicológicos y emocionales que vienen con la separación de padres y niños, estos hogares afectados se enfrentarían a una bajada significativa de su ingreso total. En definitiva, se estima que esta deportación masiva propuesta llevaría a una reducción del PIB nacional anual de entre 4,2 por ciento y 6,8 por ciento, lo cual es equivalente a 1,1 trillón a 1,7 trillón de dólares.
Para Luis Cuellar, 24, un ciudadano de Lima, Perú que emigró a la ciudad de Manassas, Virginia en el año 2023, estas órdenes ejecutivas le provocan un sentimiento de incertidumbre. Como solicitante de asilo, Cuellar ha sacado su permiso de trabajo, número de Seguridad Social y una licencia de conducir, y además está haciendo todos los requisitos necesarios para conseguir residencia permanente en los EE.UU.
“No deberían poder [deportarme], pero nunca se sabe”, Cuellar explicó en una entrevista por Zoom.
“No es seguro nada,” añadió con un tono de inquietud. “Están deteniendo a gente que es ciudadana también, solo por como luce. Llegan a ese punto de detener a quien sea aleatoriamente y después pedir disculpas. Es muy arbitrario”.
Aunque Cuellar no ha visto actividades de ICE en su comunidad ni cambios en su vida personal en este momento, aún tiene un sentimiento de inseguridad debido a la aleatoriedad de los eventos recientes con respecto a las deportaciones.
“Yo estoy en Virginia”, dijo Cuellar. “He estado allá en Washington. No lo he visto. Pero igual uno tiene que tener cuidado y evitar exponerse porque está siendo muy aleatorio todo. Pueden detenerte por cualquier cosa”.
Como inmigrante, Cuellar tiene su propia perspectiva sobre la inmigración y las deportaciones. Habiendo entrado por uno de los centros de inmigración en la frontera sureña con México, está de acuerdo con los que dicen que el sistema de inmigración en los EE.UU. necesita reforma. “Hay gente que entra, cruza y al día siguiente lo sueltan. Yo estuve tres meses. Es como una ruleta de la suerte. Siento que la migración debería usar más el razonamiento y no hacerlo de manera aleatoria”.
Según él, este proceso aleatorio es peligroso.
“Había gente que, según mis valores, no debería pasar. Se veía que no tenía la intención de venir a trabajar, sino de aprovecharse de alguna manera de algo…Pero siento que ya se está saliendo del contexto. Ahora Trump está buscando eso como excusa para deportar a quien sea, porque hay gente que tiene acá 15, 20, 30 años, 40 años, y lamentablemente, no pueden poner sus papeles en reglas porque no hay las opciones para hacerlo.”
Cuellar mencionó la dificultad de emigrar a los EE.UU. por medios oficiales y piensa que debería haber más caminos para los que realmente quieren emigrar, trabajar y aportar al país. “En mi país, no cualquier persona puede tener una visa para entrar, ni siquiera como turista. No todos tienen esas oportunidades. Este país es un país de inmigrantes. Norteamérica es grande gracias a los inmigrantes”.
This article was edited by Sarai Batallas and Abigail Turner. Copy editing done by Emilia Rodriguez and Sophia Rocha.
